Caritas de Canarias denuncia los graves efectos sociales causados por las demoras en la renta de inserción
Cáritas Diocesana de Canarias ha hecho público un posicionamiento de denuncia ante los retrasos que se están produciendo en el abono de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a las personas más vulnerables de la diócesis insular.
Este es el texto íntegro de la nota:
«Ante la situación de las personas que reciben o deben recibir la Prestación Canaria de Inserción (PCI), una renta básica a la que tienen derecho un número importante de ciudadanos y ciudadanas, Cáritas Diocesana de Canarias quiere dejar constancia del sufrimiento que el permanente retraso y/o incumplimiento de la misma está provocando en decenas de familias que tienen en esta prestación el principal y muchas veces única forma de subsistencia.
En nombre de las personas que acompañamos desde diferentes proyectos y parroquias, queremos denunciar que una ayuda que no llega a quienes lo necesitan es una ayuda inútil.
Cada día vivimos casos de personas que meses después (hasta nueve meses o más) de tener aprobada la PCI, aún no la han recibido, imposibilitando que ese mínimo de ingresos que es fundamental para evitar la exclusión social tenga sentido, llegando la misma cuando familias enteras ya se encuentran inmersas en la realidad que debía evitarse.
Asimismo, constatamos que personas que ya la recibían ven cómo la misma se retrasa, provocando situaciones de auténtico drama y angustia, ya que desconocen si cada retraso se traduce en la retirada de esta mínima ayuda.
Tras acompañar a numerosas personas que se enfrentan a esta realidad cada día, desde Cáritas entendemos que es la mala gestión que se realiza desde el Gobierno Autónomo el principal causante de esta situación.
Instamos al Gobierno de Canarias a adoptar de forma inmediata las medidas adecuadas para dotar de fondos suficientes la partida destinada a la PCI, así como a que destine personal adecuado que desbloquee la situación y la PCI sea una renta básica real para las personas que son víctimas de un sistema que prima el interés económico sobre los derechos fundamentales».
Fuente:: SIC
