Iglesia celebra preservación de acuerdos con España en materia tributaria ante una ley que imponía impuestos sobre los bienes

Madrid (Viernes, 06-12-2013, Gaudium Press) Una ley que imponía el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas en Navarra, España, fue rechazada el pasado 05 de diciembre por el Tribunal Constitucional de ese país, por considerar que «incumple los compromisos del Estado con la Iglesia Católica», además de acuerdos con otras religiones. La decisión unánime del órgano judicial fue celebrada por la Iglesia, ya que el impuesto imponía cargas sobre las actividades pastorales y caritativas esenciales para la práctica de la fe.

Mons. Francisco Javier Martínez, Arzobispo de Granada, España, había rechazado la ley foral por considerarla discriminatoria. Foto: Arquidiócesis de Granada.

El Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal, señaló que la decisión es «una muy buena noticia» y aclaró que la preservación de los acuerdos en materia tributaria «no establece ningún privilegio para la Iglesia ni ningún sistema nuevo en relación con el IBI». La ley rechazada excluía del impuesto los lugares de culto, pero imponía el tributo en las demás edificaciones y terrenos, aunque éstos se usaran en beneficio de las comunidades más pobres (como es el caso de comedores, escuelas y centros de asistencia) o en trabajos esenciales para la actividad pastoral sin ánimo de lucro.

Por representar un obstáculo a las actividades que están esencialmente ligadas a la práctica de la fe y que significan un bien notable para la sociedad, Giménez Barriocanal señaló que la medida fue tomada «de una manera claramente discriminatoria». El Arzobispo de Granada, Mons. Francisco Javier Martínez, ya había manifestado su inconformidad frente al hecho ya que la exención del impuesto no era exclusiva de la Iglesia, sino compartida por «un montón de entidades deportivas, culturales y de todo tipo», a quienes no se les retiró el beneficio. El prelado rechazó también la forma como se había presentado la información al público a este respecto. «Hablar de los privilegios, creo que tiene una motivación exclusivamente política en estos momentos», afirmó a Europa Press.

La argumentación legal presentada en favor de la Iglesia demostró que la nueva ley desconocía los compromisos estatales de España. «La Iglesia veía que esa ley foral no sólo disminuía el régimen fiscal, sino que afectaba a la naturaleza de los acuerdos Iglesia-Estado, no sólo al tratado internacional de la Iglesia sino a los acuerdos de colaboración suscritos con otras confesiones religiosas» explicó Barriocanal. «En esa línea se instó al Gobierno para que presentara un recurso de inconstitucionalidad».

Con información de Agencia Zenit y Europa Press.